De los 26 mil millones de soles previstos para invertir en este año hasta la fecha sólo se han gastado 6 mil millones lo que representa el 24 por ciento de lo presupuestado. Considerando que ya han transcurrido prácticamente 7 meses, se debería tener en ejecución no menos del 58 por ciento del presupuesto, es decir, más de 15 mil millones de soles. Existe un atraso, por consiguiente, de más de la mitad. El avance del presupuesto está en realidad en las cifras que debería exhibir en marzo y no en junio o julio. Cuando menos, se advierte un atraso de un trimestre.
Este hecho pone en evidencia la poca eficacia para gastar de los gobiernos locales y regionales así como del propio gobierno central y fundamentalmente lo mal que se sigue manejando la ejecución de obras públicas al punto que en la última semana se volvió a insistir en la necesidad e seguir flexibilizando el sistema de inversiones sin advertirse ue muy probablemente ya se lo ha aligerado bastante ya no se lo puede aligerar más.
Algunas autoridades han precisado que el SNIP no será uspendido ni total ni temporalmente y que más bien se stá evaluando la modificación de su marco operativo para celerar la aprobación de los proyectos. Sin embargo, todo arece indicar que el mayor obstáculo para las inversiones o está en el sistema de inversiones ni en los procesos de elección de contratistas que también se han recortado al áximo, sino en las normas que impiden la rápida ejecución e las obras y que las condenan a avanzar muy lentamente, paralizarse o simplemente a realizarse sin mayores garantías.
El problema empieza desde las bases con las que se convocan los procesos. Si el país está empeñado en invertir para aprovechar la situación por la que atraviesa y para contrarrestar la crisis económica que afecta al mundo pues hay hacerlo correctamente. En materia de proyectos, por ejemplo, se requieren expedientes técnicos completos y bien hechos. El primer obstáculo que se encuentra, en esta materia, es que se calculan muy mal los denominados valores referenciales que no son otra cosa que los presupuestos que se destinan para estos efectos. Si se asignan partidas insuficientes para la elaboración de los estudios no se puede pretender tener un buen proyecto. El segundo problema es la selección de los contratistas que elaborarán esos expedientes. Si se prioriza lo que cobra cada postor, como hasta ahora, salvo contadas excepciones, es evidente que no se tendrá buenos productos. Las normas se han modificado como para permitir evaluar correctamente las propuestas pero los funcionarios encargados de estas tareas eluden esas responsabilidades y optan por calificarlas a todas con idénticos puntajes con lo que fuerzan las adjudicaciones por sorteo que impiden la elección de los mejores. Ese es el tercer impedimento para lograr un buen proyecto.
Otro obstáculo es no disponer de un archivo actualizado de proyectos. Estos, generalmente por falta de recursos, se acumulan y no se ponen a punto con lo que en ocasiones se tienen que volver a realizar cuando se quiere hacer las obras con lo que se retrasa innecesariamente la ejecución. Tener permanentemente actualizados los proyectos es una labor en la que podrían participar los mismos contratistas que los elaboraron a cambio de un honorario bastante razonable como si fuera un servicio de post venta, similar al que se emplea para atender las consultas que se formulan en plena construcción de las obras, oportunidad en la que a menudo, dicho sea de paso, se quiere obligar al proyectista a absolverlas sin ninguna retribución, al amparo de una reciente modificación de la norma que debe subsanarse de inmediato.
En la etapa de ejecución de las obras aparecen otras trabas que impiden que las inversiones fluyan correctamente. Se repite el asunto de los presupuestos insuficientes y se padecen como siempre las consecuencias de las selecciones por precio, priorizando a quienes ofrecen los montos más bajos. Un quinto problema es que no se brindan facilidades para que las construcciones se hagan aceleradamente exigiéndose, por ejemplo, que se inicien trámites para la autorización de mayores metrados en partidas cuando todavía disponen de saldos por ejecutar, todo por el hecho de que en determinada subpartida éstos se agotan, sin advertir que utilizando parte de esos saldos quizás al final no haya ninguna necesidad de ampliar el metrado. Se impide la utilización de lo que comúnmente se denomina bolsa de metrados.
En sexto lugar, se recorta la posibilidad de resolver en la vía arbitral las controversias que se suscitan entre las entidades y los contratistas derivadas de los pronunciamientos de la Contraloría General de la República en relación a las solicitudes que se presentan para la aprobación de adicionales de ejecución y supervisión de obras que superan ciertos porcentajes, con lo que se burocratiza el trámite y se lo extrae del ámbito de quienes conocen perfectamente su obra y se lo remite a la competencia de un organismo que, por más eficiente que sea, no está en condiciones de dominar los detalles de absolutamente todas las obras que se ejecutan en el país.
Un sétimo y último obstáculo está vinculado con la demora en aprobar las liquidaciones de obra condenando a los contratistas a esperar, con sus garantías retenidas, los resultados de litigios o investigaciones generalmente solicitadas por ellos, que sólo pueden depararlas mayores derechos y en ningún caso mayores responsabilidades. Eso limita sus capacidades financieras y sus líneas de crédito perjudicando las posibilidades de que intervengan en nuevos procesos. Es hora de eliminar todos estos inconvenientes.
